¿Puede el propietario cobrar el IBI y la comunidad al inquilino?

La convalidación del real decreto-ley 29/2026, el pasado 12 de noviembre, confirma importantes cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), especialmente en relación con los gastos que pueden repercutirse a los inquilinos. Una de las modificaciones más relevantes afecta al artículo 20 de la LAU, que regula los gastos generales del inmueble, pago de los tributos, gastos de gestión...
Te contamos qué gastos puede repercutir y cuáles no en los nuevos contratos y/o en los que están en vigor desde el 8 de octubre de 2026, antes de su convalidación parlamentaria.
- El IBI ya no puede repercutirse al inquilino
Hasta ahora, la LAU permitía pactar que determinados tributos asociados a la vivienda, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), fueran abonados por el arrendatario.
Con la nueva regulación, se prohíbe imponer al inquilino los tributos asociados a la vivienda, salvo que tenga legalmente la condición de obligado tributario. Por tanto, un propietario no podrá incluir en un nuevo contrato una cláusula que obligue al inquilino a pagar el IBI cuando el obligado tributario sea el propietario.
- Los gastos de comunidad siguen siendo negociables, pero con límites
La reforma no prohíbe de manera general repercutir los gastos de comunidad.
En edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, propietario e inquilino pueden acordar que estos gastos sean asumidos por el arrendatario, siempre que:
- El pacto conste expresamente por escrito.
- Se indique el importe anual de los gastos a la fecha del contrato.
- Los gastos correspondan a la finca arrendada conforme a su cuota de participación.
- No basta con incluir una cláusula genérica que diga que todos los gastos de comunidad corresponden al inquilino.
- Edificios sin propiedad horizontal: prohibición de repercutir gastos de comunidad
Otra novedad es que, cuando el edificio no esté constituido en régimen de propiedad horizontal, no podrán imputarse los gastos de comunidad al arrendatario.
La regulación anterior permitía distribuir determinados gastos generales en función de la superficie de la vivienda.
- Honorarios de inmobiliaria: no pueden repercutirse al inquilino, ni directa ni indirectamente.
- Gastos de renovación o modificación del contrato: quedan incluidos entre los gastos de gestión que no pueden trasladarse al inquilino.
- Servicios opcionales: únicamente pueden cobrarse al arrendatario cuando los solicite expresamente por escrito y conozca previamente su coste.
- ¿A quién afecta esto? La reforma entró en vigor el 8 de octubre de 2026, antes de su convalidación parlamentaria y afecta a los contratos desde esa fecha.
En definitiva, las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario. En ningún caso podrán imponerse los tributos asociados a la vivienda a la parte arrendataria, excepto en los supuestos en los que dicha parte tenga la condición de obligado tributario.
El artículo 20 LAU permite que determinados gastos de la vivienda alquilada sean asumidos por el inquilino, pero establece importantes limitaciones. La reforma introducida por el RDL 29/2026 refuerza especialmente la protección del arrendatario, al prohibir que se le repercutan determinados impuestos y gastos de gestión inmobiliaria o formalización del contrato.
Por tanto, antes de incluir en un contrato una cláusula que obligue al inquilino a pagar gastos adicionales a la renta, es importante comprobar que esos gastos pueden repercutirse legalmente y que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Más info: ¿Cómo te afecta el nuevo decreto?
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